
Como comentaba en la noticia del 5 de mayo pasado, la Oficina Veterinaria y de Alimentación de la Unión Europea, la FVO en sus siglas inglesas, tiene como objetivo comprobar que se está cumpliendo la legislación comunitaria en los Estados miembros y en países terceros.
Dos misiones comunitarias sobre el mismo asunto en dos años
Una de las últimas misiones comunitaria de la FVO realizada a España, concretamente a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y a las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Murcia y Galicia durante los días 23 de abril al 4 de mayo de 2007, iba dirigida a evaluar las actuacion
es desarrolladas por las autoridades competentes en materia de control oficial de alimentos de origen animal, en particular carne, leche y sus productos derivados (Final report of a mission carried out in Spain from 23 April to 4 May 2007 in order to evaluate the follow-up action taken by the Competent authorities with regard to Official Controls related to the safety of food of animal origin, in particular meat, milk and their products).
Hay que añadir que esta misión comunitaria tenía como finalidad comprobar si se habían puesto en práctica las recomendaciones propuestas por los inspectores comunitarios a las autoridades españolas tras la misión comunitaria realizada durante los días 11 a 22 de septiembre de 2006 con el mismo asunto. Aunque en esta primera ocasión las inspecciones se realizaron a la AESAN y a las Comunidades Autónomas de Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Andalucía, Murcia y Madrid, las recomendaciones iban dirigidas a la Administración central y a todas las Comunidades Autónomas. Además, la FVO solicitó a España que enviara un Plan de acción, que incluyera los plazos para poner en práctica las recomendaciones recogidas en el informe de inspección.
Deficiencias y recomendaciones en 2007
El informe de la misión comunitaria del año 2007 no es muy favorable para las autoridades españolas, sobre todo para las autonómicas, fundamentalmente porque, aunque todas las CCAA contestaron a las recomendaciones de la misión comunitaria del año 2006, sus planes de acción, según la FVO, no incluían los plazos de la puesta en práctica de las medidas correctoras propuestas por cada Comunidad Autónoma. Además las CCAA de Madrid, País Vasco, Rioja y Navarra, según la FVO, no contestaron a la mayoría de las recomendaciones y otras CCAA, las contestaciones fueron incompletas.
De las conclusiones y recomendaciones que figuran en el informe, voy a destacar la falta de coordinación entre las distintas Administraciones y entre los distintos Departamentos de las Administraciones, sobre todo en las CCAA. Aunque en la AESAN sí existe un sistema de coordinación con las CCAA, que desde mi punto de vista es mejorable, el informe dice que la Administración central no tiene competencias para obligar a las autoridades autonómicas a que cumplan la legislación vigente.
Efectivamente, la transferencia de competencias a las CCAA no permite que la Administración central actúe en lo que son competencias exclusivas autonómicas, con el inconveniente de que cada Comunidad Autónoma establece sus procedimientos y sus sistemas de control sin contar con la Administración del Estado ni con otras Comunidades Autónomas.
Otras recomendaciones que figuran en el informe de la misión comunitaria de 2007 se refieren a deficiencias en el cumplimiento de requisitos obligatorios recogidos en los Reglamentos comunitarios, como la identificación de los animales en el momento del sacrificio, la ausencia de conflicto de interés de los veterinarios oficiales, el bienestar animal durante el sacrificio de los animales o el cumplimiento de la legislación por parte de las industrias alimentarias.
Mejorar y avanzar
Aunque el informe no es muy favorable para España, sí es útil para sacar conclusiones y sirve para proponer una reflexión profunda a las Administraciones estatales, autonómicas y yo añadiría, las locales, sobre la coordinación y la aplicación de la legislación vigente en materia de control oficial. Por una parte, no hay que dejar de valorar el que los organismos autonómicos hayan mejorado mucho en los últimos años, a pesar de la escasez en recursos económicos y de personal, pero por otra parte, no es posible, que en algunos aspectos, como es la coordinación, se siga actuando como en los años 80, cuando se iniciaron las transferencias en materia de sanidad a las CCAA. Hay que mejorar y avanzar en seguridad alimentaria y la única forma es alcanzando acuerdos entre todas las Administraciones, estableciendo procedimientos y criterios comunes, poniéndolos en práctica, aplicando acciones correctoras cuando surjan incumplimientos, recogiendo los resultados en memorias anuales y colgando toda la información en las webs de las distintas Administraciones para cumplir el principio de transparencia. Además, no hay que olvidar que uno de los objetivos de la legislación alimentaria, según el Reglamento 178/2002, es lograr un nivel elevado de protección de la vida y salud de las personas.